21.10.09 | por: Comunicación Social

LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA UNA DEUDA PENDIENTE DEL ESTADO

La Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabaja con la Niñez y la Adolescencia (CODENI) reconoce la oportunidad que brinda el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para aportar al proceso del Examen Periódico Universal, la que aprovecha para llamar la atención sobre las inequidades y disparidades que limitan el ejercicio y pleno disfrute de los derechos de la niñez.

El informe ha sido preparado basándose en los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), de los compromisos que Nicaragua tiene como Estado.

En las últimas tres décadas el Estado Nicaragüense se ha caracterizado por su disposición a suscribir convenios y tratados internacionales. Nicaragua se convirtió en Estado parte de la Convención Sobre los Derechos del Niño (la que ratificó en 1990), y sus dos protocolos facultativos. Además ha ratificado los convenios, 138 y 182 de la OIT relativos al trabajo infantil, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing); las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad); y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.

Las anteriores disposiciones internacionales no se traducido en cumplimiento pleno de los derechos de la niñez y la adolescencia, por tal razón CODENI recomendó en el informe “que el estado nicaragüense cumpla con los compromisos y obligaciones derivadas de la CDN, poniendo en práctica las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño al III informe periódico examinado en su 39 período de sesiones, año 2005”.

El informe recomienda a los garantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo definan y aprueben en el menor plazo posible el Código de Familia y la nueva ley del Registro
Civil, incluyendo las medidas de orden administrativo y presupuestario para asegurar la efectiva aplicación de ambas normas.

Acceso limitado a la justicia y al derecho a la salud

CODENI llamó la atención en el Examen Periódico Universal el limitado acceso a la justicia que se expresa en la retardación e ineficiencia de los tribunales. Un reciente Análisis de sentencias relativas a delitos de violencia intrafamiliar y sexual…” señala que en 599 juicios por delitos de orden sexual contra niñas, niños y adolescentes, únicamente el 28% de los agresores recibieron veredicto condenatorio y, más de la mitad fueron absueltos.

Así mismo, se resalta que la penalización total del aborto terapéutico, además de ser inconstitucional, lesiona gravemente los derechos a la integridad, la libertad, la salud y la vida de las niñas y adolescentes embarazadas producto de violación, al negarles la atención y en salud, se les expone a los múltiples riesgos, que para su salud física, mental y su pleno desarrollo, tiene un embarazo temprano.

El ejercicio del derecho a la salud para la niñez nicaragüense, se ve restringido entre otros factores, por la insuficiente cobertura y calidad de los servicios, limitada asignación de recursos para los programas de salud infantil, deterioro de la infraestructura, falta de medicinas, barreras de acceso geográfico y falta de recursos humanos calificados, situaciones que impactan especialmente a la población de las zonas rurales más alejadas.

Lo anterior ha provocado, menciona el informe, que en años recientes, se incremente de forma alarmante las denuncias de mala praxis y negligencia médica en hospitales públicos y clínicas del seguro social, ocasionando la muerte y lesiones graves en niñas, niños y adolescentes sin que las autoridades hayan tomado acciones contundentes para investigar los hechos y sancionar a los responsables.

Crisis económica y la protección especial

La crisis económica está generando mayor desempleo entre las personas adultas, lo que afecta la capacidad adquisitiva de las familias, aumento de la migración, que trae entre otras consecuencias: la desintegración familiar, la violencia y la explotación laboral de niñas, niños y adolescentes.

Aproximadamente un 10% de la población nicaragüense vive fuera del país, situación que tiene un impacto negativo para el cumplimiento del derecho a la protección familiar. Las niñas, niños y adolescentes son entregados al cuido de abuelas, tíos, hermanos y otras personas,

CODENI reconoce la iniciativa del Programa AMOR, diseñado con la intensión de facilitar la aplicación de las medidas de protección a la niñez de los sectores más desfavorecidos. Sin embargo, muestra su preocupación ante el hecho de que dicho programa no cuente con recursos para su real y efectiva implementación, así como por la debilidad institucional del Ministerio de la Familia, que además de no contar con presupuesto suficiente, presenta problemas de alta rotación de sus recursos humanos, —La ministra actual, es la cuarta persona que ocupa el cargo de enero 2007 a la fecha—

Educación, derecho pendiente

El inicio tardío de la escolarización (sólo el 30% ingresan al 1er grado a la edad esperada); los altos índices de empirismo del personal docente que oscila entre el 40 y 50% y la falta de pertinencia y flexibilidad de los programas educativos, que no se adecuan a las necesidades y características de la población infantil (niñez rural, niñez trabajadora) son factores que obstaculizan la calidad de la educación.

La asistencia a educación preescolar es de 38% en los niños entre 4 y 6 años, porcentaje que alcanza 80% entre los perteneciente al 20% más rico de la población. La tasa de escolaridad primaria reportada por el Ministerio de Educación en 2009, es de 87.1%. Sin embargo, datos del INIDE, señalan que este año más de 500 mil niñas, niños y adolescentes quedaron fuera del sistema escolar, situación que afecta más a los hogares en extrema pobreza, que refieren como principales causas: la situación económica, la lejanía de las escuelas y la falta de interés.

Ante las dificultades del sector educación CODENI recomendó “duplicar de manera sostenida la inversión en educación para alcanzar la meta de universalización de la enseñanza básica, dando alta prioridad a la educación de los niños y niñas rurales y de la Costa Caribe, así mismo el Estado debe realizar esfuerzos concretos para la generalización del nuevo currículo, mayor capacitación y reconocimiento salarial para el personal docente y mayor dotación suficiente de textos”.